¿Quién regula las nuevas tecnologías, las IA y los nuevos medios?

Estamos entrando en una nueva era de comunicación y tecnología, en la que las herramientas digitales permiten a empresas y organizaciones expandir sus servicios, automatizar procesos y llegar a más personas. Gracias a estos avances, hoy es común encontrar sistemas de inteligencia artificial capaces de recomendar quién puede recibir un crédito, sugerir productos de consumo o incluso diseñar un plan de entrenamiento personalizado.

Esto ha llevado a las empresas a automatizar parte de sus procesos y trámites, delegando en sistemas tecnológicos el procesamiento de grandes volúmenes de datos para identificar patrones, tomar decisiones y agilizar tareas.

Y con esto aparece una pregunta que hace algunos años difícilmente nos habríamos planteado:

¿Quién responde cuando una decisión automatizada afecta a una persona?

Con el crecimiento de la inteligencia artificial también surgen nuevos desafíos jurídicos. Uno de ellos es el derecho digital, un campo que aborda las implicaciones legales de las tecnologías y los entornos digitales. Los datos, los algoritmos, la automatización y las plataformas digitales están transformando ámbitos que tradicionalmente han estado regulados por áreas como el derecho administrativo, la protección de datos y la contratación pública.

Así como la tecnología avanza rápidamente, el derecho enfrenta el reto de desarrollar marcos normativos capaces de acompañar esa transformación, anticiparse a sus nuevos desafíos y garantizar que el uso de estas tecnologías se mantenga dentro de principios y reglas claras.

El derecho digital ya no habla solamente del internet

Hace unos años, cuando hablábamos de derecho digital, lo primero que nos venía a la mente eran los delitos informáticos, el comercio electrónico o la protección de datos. Pero, en el escenario actual, esta concepción se ha convertido en un territorio mucho más amplio.

Hoy nos enfrentamos a una realidad en la que organizaciones, entidades y empresas pueden utilizar sistemas tecnológicos para prestar servicios, procesar datos de múltiples personas, gestionar trámites o agilizar la toma de decisiones mediante procesos automatizados basados en datos y algoritmos.

Pero, al mismo tiempo, estas herramientas, aunque pueden ser eficientes y prácticas, no son infalibles y pueden cometer errores. ¿Qué ocurre entonces cuando un algoritmo se equivoca?

Uno de los desafíos del derecho es establecer mecanismos que permitan informar a los ciudadanos cuando una decisión, un trámite o un proceso esté mediado por inteligencia artificial, así como definir rutas de apoyo y mecanismos de revisión en caso de que sea necesario presentar una reclamación.

Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿quién es responsable cuando una decisión automatizada produce un error: ¿la entidad, el proveedor tecnológico o quienes desarrollaron el algoritmo?

Estas preguntas nos llevan directamente al campo de la regulación tecnológica y a su relación con principios tradicionales de la administración pública. Es también un espacio en el que surgen nuevas oportunidades para los profesionales del derecho, llamados a participar en la construcción de los marcos jurídicos que acompañarán esta transformación tecnológica.

Colombia adelanta su marco para la inteligencia artificial

En febrero de 2025, el Gobierno de Colombia aprobó, a través del CONPES, que establece la Política Nacional de Inteligencia Artificial. La política busca orientar el desarrollo y la adopción ética y responsable de la IA en el país, con acciones dirigidas a fortalecer las capacidades nacionales, reducir brechas y aprovechar sus beneficios en distintos sectores.

Entre sus seis ejes estratégicos se encuentran la gobernanza y la ética, el desarrollo de capacidades e infraestructura, la investigación y la innovación, y la formación de talento. La política contempla más de 100 acciones hasta 2030 y busca promover mecanismos para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial.

Durante 2025 también avanzó la discusión legislativa sobre la regulación de la inteligencia artificial en Colombia. En julio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación radicó nuevamente ante el Congreso un proyecto de ley orientado a regular el desarrollo, la implementación y el uso de estas tecnologías bajo criterios de equidad, transparencia, ética, innovación y soberanía.

En diciembre de ese año, el Gobierno informó sobre el avance del Proyecto de Ley 043 de 2025 Senado – 324 de 2025 Cámara, que propone un marco para regular el uso, desarrollo e implementación de la inteligencia artificial, con una clasificación de riesgos, mecanismos de supervisión humana y medidas de gobernanza.

El debate jurídico, por tanto, ya está sobre la mesa. Y con él surge un nuevo campo de trabajo para los profesionales del derecho: participar en la construcción de marcos capaces de acompañar el desarrollo de la inteligencia artificial, proteger los derechos de las personas y establecer responsabilidades frente a sus usos y posibles impactos.

Regular no significa regular todos los algoritmos de la misma manera

El proyecto de Ley 043 clasifica los sistemas de IA por niveles, denominando cuáles son los usos prohibidos, de alto riesgo y de riesgo limitado o mínimo. La idea detrás de esta clasificación es sencilla: entre mayor sea el impacto que un sistema de inteligencia artificial pueda tener sobre las personas y sus derechos, mayores serán también las exigencias para su uso.

Por ejemplo, se denominan sistemas de riesgo prohibido aquellos que puedan manipular gravemente a las personas o hacer vigilancia masiva sin garantías, de esta manera, ese tipo de tecnologías no podrían utilizarse.

En cambio, las herramientas de alto riesgo, especialmente esas que se usan en sectores como la salud, la justicia o la educación, se podrán utilizar, pero tendrán que cumplir requisitos mucho más estrictos. Entre ellos están evaluar posibles riesgos, garantizar un manejo adecuado de los datos, mantener registros claros sobre su funcionamiento y pasar por procesos de auditoría o certificación.

Para las soluciones de menor riesgo, las obligaciones serían más simples y estarían enfocadas principalmente en la transparencia del manejo de la información. Es decir, que las personas puedan saber cuándo están interactuando con una inteligencia artificial o que están interactuando con un contenido que fue generado de manera artificial.

Con esta organización el Ministerio busca proteger a los usuarios sin que esto signifique parar el desarrollo tecnológico del país. La intención es crear reglas claras que generen confianza y que permitan a las empresas y los desarrolladores seguir innovando sin enfrentar exigencias innecesarias si sus herramientas tienen un impacto menor para la población civil.

La regulación de la IA va mucho más allá de una sola ley

Parece fácil pensar que todos los interrogantes que nacen con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías se solucionarán cuando exista una gran “ley de inteligencia artificial”. Pero la realidad probablemente será mucho más compleja.

Porque no estamos hablando solamente de tecnología, también estamos hablando de situaciones y sistemas que pueden involucrar protección de datos, derechos de autor, contratación pública, responsabilidad civil, derechos laborales, protección al consumidor, derecho constitucional o derecho administrativo, entre otras.

Por ejemplo, la creación o el uso de una plataforma basada en IA por una entidad pública podría abrir preguntas sobre el tratamiento de los datos utilizados para entrenarla, sobre el proceso en el que fue adquirida, la transparencia de sus decisiones y la posibilidad de que los ciudadanos cuestionen sus resultados.

Una sola herramienta puede impactar varias ramas del derecho al mismo tiempo. Por eso, más allá de crear un territorio jurídico completamente nuevo, la inteligencia artificial y sus nuevas prácticas le están obligando al derecho existente a enfrentarse a escenarios que hace pocos años parecían lejanos.

¿Qué entidad está encargada de la inteligencia artificial?

Es una respuesta más amplia, porque en un país como Colombia, en donde apenas se adelantan procesos legislativos para implementar estas tecnologías, nos damos cuenta de que participan agentes del gobierno, público y privado, legisladores, organismos regulatorios, entidades públicas, autoridades judiciales y organismos internacionales.

Por eso el derecho digital no es una rama que se consolidará como un horizonte independiente del derecho tradicional. Más bien será una nueva rama que atravesará múltiples áreas. Entre ellas, el derecho administrativo consolida un lugar relevante en la discusión porque también se tiene que evaluar cómo el Estado adopta, supervisa, contrata y utiliza estas tecnologías.

En ese escenario, comprender el funcionamiento jurídico de la administración pública será una herramienta importante para entender los problemas que se empiecen a enfrentar.

Con la Especialización en Derecho Administrativo Virtual de la IBERO, aquellos profesionales que están interesados en fortalecer sus conocimientos sobre administración pública y profundizarlos en contextos vinculados con las nuevas tecnologías tendrán las herramientas para liderar una conversación que apenas comienza.

Además, de darles los conocimientos para que lleven su carrera profesional a nuevos contextos en donde el derecho administrativo se enfrenta a nuevas preguntas y convertirlos en líderes de opinión del avance tecnológico y legal que atravesamos.

Si estás interesado en ser parte de esta transformación, ¿qué esperas para saber más de esta especialización y llevar tu carrera al siguiente nivel?